El Coordinador General de IULV-CA, Diego Valderas, ha criticado que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, no haya dicho "ni pío" sobre las irregularidades detectadas en los expedientes de regulación de Empleo (ERE), por lo que ha anunciado que en el próximo Pleno del Parlamento, que se celebrará la semana que viene, le interpelará sobre esta cuestión, en el marco de la sesión de control al Ejecutivo andaluz.
En rueda de prensa, en la que ha estado acompañado por el portavoz adjunto del grupo parlamentario, Pedro Vaquero, Valderas ha indicado que Griñán "hace mal" al no dar explicaciones sobre este asunto, añadiendo que el presidente de la Junta debería, además, comparecer en la Cámara, en lugar del consejero de Empleo, Manuel Recio.
El líder de IULV-CA ha insistido en la necesidad de que se cree una comisión de investigación en el Parlamento andaluz, al tiempo que ha dicho temer que los 37 nuevos casos detectados por la Consejería de Empleo de personas que podrían estar percibiendo prejubilaciones de forma indebida "puedan llegar hasta los cien".
"Si no hay nada que temer, no hay nada que esconder", ha apuntado el líder de IULV-CA, quien ha criticado el "rodillo" continuado del PSOE en lo que se refiere al rechazo a la creación de comisiones de investigación, que son de "interés general". Según ha indicado, "el poder judicial tiene su espacio y el poder político tiene el suyo, siendo el Parlamento "la vía más democrática".
Valderas, que ha considerado que si el PSOE hubiera aceptado en su momento la comisión de investigación solicitada por IULV-CA y PP-A sobre las irregularidades en Mercasevilla, "ya habrían salido a la luz todos estos casos", ha asegurado que la Consejería de Empleo se ha convertido en un "coladero de irregularidades en los últimos diez años" y que en este departamento "huele muy mal". "Hay claras pruebas de favoritismo político y de tráfico de influencias", ha añadido.
DESCARTA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PSOE
Tras asegurar que su formación descarta que exista una posible financiación ilegal del PSOE detrás de este asunto, sí que ha dicho que existen una serie de beneficiarios de estos ERE y de prejubilaciones "que son del entorno del PSOE, personas allegadas o cercanas, lo que deriva en importantes responsabilidades políticas". En su opinión, el Gobierno andaluz "llega tarde" al anunciar que se va a personar en la causa porque "debería haberlo hecho con Mercasevilla".
Para Valderas, son dos los presidentes de la Junta, --Manuel Chaves y José Antonio Griñán--, y tres los consejeros de Empleo, --José Antonio Viera, Antonio Fernández y Manuel Recio--, los que tienen responsabilidades en las irregularidades detectadas y no han sido capaces de controlar el uso de los fondos públicos. A su juicio, no es entendible que lo que hiciera el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, no fuera conocido por el Gobierno andaluz y que se le renovara la confianza en distintos gobiernos "si no se estaba seguro de su buen hacer".
Asimismo, ha solicitado que la Cámara de Cuentas fiscalice todas las ayudas sociolabores asociadas a los trabajadores afectados por ERE y empresas durante los últimos diez años y que, para ello, el Gobierno andaluz dote a este organismo de los fondos necesarios, con el objetivo de que dicha fiscalización "no se eternice y haya, por tanto, mayor agilidad y rapidez".
Por su parte, Pedro Vaquero ha asegurado que el Gobierno andaluz "no puede esconder tanta polvareda debajo de las alfombras" y que a los "cuatro sinvergüenzas" que dice el PSOE que existen en este asunto, "hay que sumar a 37 extras, y una película con tanto extra no se hace sin una buena organización". "Por salud democrática hay que aclarar todo lo ocurrido porque parece que los reptiles están en muchas parte y no sólo en los ERE", ha apuntado.
Ha considerado necesario que se restablezca la credibilidad de los expedientes de regulación de empleo, que, a su juicio, suponen un instrumento de defensa de los trabajadores "por evitar el despido de trabajadores en nuestra tierra". Además, ha señalado que el Gobierno andaluz no puede dejar solos a los jueces, por lo que ha insistido en la "necesidad democrática" de la creación de una comisión de investigación.
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