Gaspar Llamazares advierte de los graves recortes que prepara Gallardón en materia de justicia para eliminar juzgados de paz y provinciales con la nueva ley de demarcación y planta judicial
Miércoles, 16 de octubre de 2013
Intervención del diputado de IU y portavoz parlamentario de Justicia en el Pleno del Congreso
"Señorías, se trata de la Ley de Demarcación y Planta o, podríamos decir mejor, del informe de los expertos con respecto a la Ley de Demarcación y Planta, una práctica que a nosotros nos parece perversa por parte del Ministerio de Justicia. Primero un informe de expertos, luego la iniciativa legislativa y, en medio, nada. Es decir, una carencia absoluta de diálogo político y de negociación, el deterioro de la política fundamentalmente para una suerte de aristocracia de los expertos y de los sabios.
No compartimos esta forma y, por tanto, lo decimos claramente y nos posicionaremos con respecto a las iniciativas hoy presentadas. Lo que no compartimos tampoco es el contenido. El contenido es una ‘Ley Gallardón’ en estado puro. ¿Qué le preocupa al señor Gallardón y al Ministerio de Justicia? Le preocupa fundamentalmente la justicia como poder, es decir, el control del Poder Judicial. Por otra parte, le importa también el recorte en medios del servicio público de la justicia, es decir, invierten las prioridades.
La prioridad de mi grupo es el servicio público de la justicia y no tenemos ningún interés en controlar al Poder Judicial. Creemos que se controla a través de sus órganos de gobierno y no a través del control político del Ministerio de Justicia. Por eso, el ministerio elabora un anteproyecto que atribuye a los expertos pero que, en realidad, tiene una inspiración ‘gallardoniana’ prácticamente inexcusable.
Propone una ley de planta y demarcación que se basa en esos criterios: por una parte, en el criterio del poder; para el criterio del poder lo mejor es el tribunal de instancia, es lo más adecuado; y por otra parte, también con respecto al criterio de la restricción o del recorte del servicio público de la justicia, la eliminación de los juzgados de paz y de su papel en materia de registros. Con lo cual ‘matamos dos pájaros de un tiro’, por una parte recortamos el servicio público y, por otro lado, aumentamos el nivel de privatización en el servicio público de la justicia.
Por tanto, ‘ley gallardoniana’ donde las haya que nosotros no compartimos en absoluto. Pero esta ley nos deja también un recado que resulta de lo más sibilino. Como en estas leyes territoriales se produce el conflicto fundamentalmente con el desarrollo del servicio público en el territorio, lo que hace el señor Gallardón es pasar la ‘patata caliente’. Dice que habrá tribunales de instancia, pero -y así lo dice el propio secretario de Estado- no avanza en relación con qué impacto tienen los tribunales de instancia ni en la distribución del Poder Judicial ni tampoco en otras materias importantes, pero sí deja un mecanismo que es un mecanismo inapelable, el presupuesto. Dice claramente que las inversiones irán destinadas a los tribunales de instancia y, por tanto, el resto de los partidos judiciales se verán obligados al deterioro o el cierre.
En definitiva, el señor Gallardón no dice que cierre los partidos judiciales, únicamente suprime los juzgados de paz, pero establece los mecanismos para que esos partidos judiciales cierren y cierren en buena parte. No se trata de una discusión en estos momentos sobre si la mitad o no, sino de si van a sustituir los partidos judiciales por el 10% de los tribunales de instancia. Termino. El otro día, el secretario de Estado en su comparecencia hacía el símil con el sistema sanitario, y decía: No vamos a poner todo lo superespecializado a nivel básico, lo vamos a poner en un gran hospital. Bueno, pues siguiendo con ese símil, es la muerte del servicio cercano a los ciudadanos y su sustitución por un gran tribunal de instancia con control político y con profundos recortes en el servicio público. Muchas gracias."
