Un jurista revela una “operación ilegal” contra la empresa pública Giahsa
SEGUN PONE EN LA FOTO ES DE , ESVALVERDE.COM (Parte del equipo de gobierno del Partido Popular que podrían ser juzgados a responder con su patrimonio particular, SEGÚN ESTOS INFORMES)
Ayuntamientos de Huelva como Valverde (PP), San Juan del Puerto (PP)
y Cartaya (Independientes con apoyo del PP) han abandonado o amenazado con dejar la sociedad Gestión Integral del Agua de Huelva (Giahsa), una empresa pública instrumental de la mancomunidad provincial MAS creada para prestar el suministro durante 30 años a más de 65 pueblos. Las marchas, a las que pretenden sumarse más municipios, hacen inviable la estructura supramunicipal y el servicio público, son ilegales y responden a una estrategia premeditada de la que se pueden derivar responsabilidades patrimoniales y penales, según un informe jurídico encargado por MAS.
Javier Barnes, catedrático de Derecho Administrativo y exletrado del Tribunal Constitucional, ha analizado los casos mencionados, entre otros. En el informe califica de “manifiesta ilegalidad” la “operación diseñada” por los municipios. “El grado de evidencia de esas ilegalidades —y de la orquestación de ese diseño— es tal que resulta sorprendente”, se afirma en el informe, que concluye que la “secuencia” es susceptible de llevar a exigir responsabilidades personales patrimoniales, por daños causados por dolo, negligencia o culpa, y penales, por supuesta prevaricación.
El texto destaca que el objetivo final de la operación es la privatización del servicio y “la adjudicataria de la nueva contratación es, en todos los casos, la empresa Aqualia”. El fin es la obtención de fondos a través de la concesión de un servicio público. “La crisis económica y financiera no justifica los fines a perseguir: la obtención de financiación a través de una contratación ilegal”, advierte el jurista.
MÁS INFOR El contundente informe, de 175 páginas y fechado el 19 del pasado mes de noviembre, desmonta uno por uno todos los argumentos de los alcaldes para abandonar la empresa de MAS y privatizar el servicio además de advertir de todo tipo de responsabilidades en estas actuaciones, incluidas las penales. “La operación en su conjunto se inscribe en un ciclo completo de ilegalidad”, advierte el letrado. Este es un resumen de sus argumentos.
» Separación injustificada. “El derecho de separación carece de justificación objetiva en todos los casos”, refleja el texto legal como una de las primeras advertencias. A partir de ahí, no deja ni un solo resquicio para defender la actitud de los alcaldes segregacionistas.
En este sentido, añade que el derecho de separación está montado sobre un “triple y evidente error jurídico”: no se sirve del arreglo pacífico de controversias exigible, lo que genera un bloqueo entre Administraciones que repercute en el ciudadano; se invoca la discrecionalidad y la autonomía local “como si significara puedo decir lo que quiera mientras cuente con mayoría”; y se confunden ambos conceptos con “desvinculación de la Ley y el Derecho”.
Añade el texto que la separación de la mancomunidad es una decisión discrecional que debe estar obligatoriamente motivada. “No vale una motivación pro forma, no vale con rellenar unas líneas”, como define a los argumentos municipales aportados.
“No puede hablarse técnicamente de ejercicio del derecho, si acaso de abuso”. “Se trata de un mero abandono” que el jurista considera “viciado en origen” porque carece de un presupuesto “habilitante” y de motivación real, por incumplimiento de acuerdos y procedimiento y por “desviación de poder”.
“El abandono se convierte en la puerta de entrada de las ilegalidades subsiguientes, tendentes a los cambios en la gestión del servicio”.
»Negligencias graves. El informe no deja ni una sola página sin cuestionar el procedimiento y es claro al insistir en que “puede hablarse de culpa o negligencias graves”, según el artículo 145.3 de la Ley 30/1992, que regula el procedimiento, al que puede recurrir cualquier vecino, para exigir la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. “Solo por la forma abusiva en que se ha ejercicio el derecho de separación puede fundarse la exigencia de responsabilidad personal”.
Barnes también cuestiona la “deslealtad” en los abandonos al evidenciar que las supuestas motivaciones no se han debatido en los órganos de representación de la mancomunidad. Para el jurista, esta actitud está relacionada con la “mala fe”, “desviación de poder” y “uso abusivo”.
»Supuesta lesividad. Casi con los mismos términos califica la argumentación de los municipios de los supuestos perjuicios causados por el canon que debe pagar la mancomunidad a los Ayuntamientos por el alquiler de las redes y que consideran insuficiente. Este pretendido daño se ha catalogado como “declaración de lesividad” y es, en opinión del jurista, “manifiestamente ilegal, arbitraria, artificiosa, desviada del fin y abusiva”.
»Emergencia sin motivo. Del mismo modo, el informe considera “injustificada” y “viciada” la supuesta emergencia para la adjudicación posterior de los servicios de agua a una empresa privada. “No está justificada ni motivada” y es contraria “abiertamente” a la legislación de contratos del sector público, al Derecho europeo en materia de defensa de la competencia, a los indicadores de transparencia y contra la corrupción.
“Las contrataciones de emergencia —destinadas, según parece, a adjudicar a la misma contratista el servicio a cambio de financiación— constituyen un manifiesto despropósito jurídico en sí mismo”.
»Falseamiento de la competencia. El texto considera que el “falseamiento de la competencia por actos desleales” debe ser objeto de investigación y da por “suficientemente acreditadas” las responsabilidades por actuación ilegal. “Son sin duda relevantes por su magnitud, cuantía y evidencia; y supondrán un empobrecimiento injustificable para las respectivas haciendas locales”.
»Prevaricación. Finalmente, el letrado asegura que “concurren datos suficientes para sostener la responsabilidad personal de las autoridades o miembros electos, del personal al servicio de las Administración, y de los sujetos privados hayan intervenido en las distintas secuencias tanto a efectos patrimoniales por los daños y perjuicios causados mediando dolo, o culpa o negligencia graves; como penales por prevaricación”.
Crisis del agua en la provincia de Huelva
La empresa pública Giahsa de la mancomunidad MAS sirve a más de100.000 hogares de unos 60 pueblos y tiene 73 millones de presupuesto y450 empleados. Los municipios cobran por sus redes y Giahsa paga anualmente, pero los alcaldes quieren la parte correspondiente a las próximas dos décadas. Algunos ayuntamientos no esperan y comienzan a abandonar la empresa, que hasta entonces era rentable, y a privatizar el servicio. Estas son las conclusiones jurídicas sobre esta situación:
El derecho de separación está sujeto a condiciones y procedimientos que han pretendido obviarse mediante artificios carentes de fundamento y legitimidad. El abandono de la mancomunidad se halla en la base de la cadena de actos ilegales.
El derecho de separación se ha ejercido sin lealtad institucional, fuera de los foros establecidos. Y ello es prueba de la estrategia contraria a derecho.
La declaración de lesividad de la concesión demanial, en el contexto examinado, resulta manifiestamente ilegal, arbitraria, artificiosa, desviada del fin y abusiva. La suspensión y la contratación subsiguientes quedan igualmente contaminadas por el vicio de origen.
La emergencia de la contratación carece de cobertura legal y constituye igualmente un artificio al servicio de una estrategia incompatible con el Derecho.
Falseamiento de la competencia y corrupción en la contratación pública.
Responsabilidad de autoridades y funcionarios por no actuar con los criterios y pautas del buen gobierno.
Las actuaciones municipales podrán traer consecuencias en el plano de la responsabilidad de distinto orden, tanto de la entidad local como de las personas que intervengan.
AQUI OS PONGO MÁS INFORMACIÓN, PUBLICADA EN EL PAIS DE ANDALUCIA.http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/18/andalucia/1361203333_679286.html?rel=rosEP
- IU y trabajadores piden la actuación judicial ante las privatizaciones ilegales
- Un jurista revela una “operación ilegal” contra la empresa pública Giahsa
- Huelva privatiza agua y basura
4 comentarios:
ANTONIO VAMONOS TODOS PA CUBA A DISFRUTAR DEL PARAISO COMUNISTA!
Vamos?...., yo mientras haya gurumelos NO, vete tu y me vas contando.ADEMÁS...,no viajo con cualquiera, yo elijo a mis amigos de paseo, porque ellos si dan la cara y no se ocultan tras anónimos cobardes. AHORA SI TE INTERESA SEGUIR HABLANDO DEL TEMA QUE HE COPIADO COMO NOTICIA, SEGUIMOS HABLANDO, SINO,NO TE MOLESTES EN ESCRIBIR COMENTARIOS AQUÍ. NO ES CENSURA, ES COHERENCIA.
Entrevista a Pedro Jimenez,coordinador de IU de Huelva.
Luces, taquígrafos, transparencia y acción judicial. El líder de IU en Huelva se ha convertido en la persona más crítica con este caso.
–¿Qué conclusiones extrae IU del informe? –No es el momento de sacar conclusiones, pero de su lectura se deduce que existe una operación ilegal en la privatización del agua al aplicar mecanismos de urgencia que no estaban justificados.
–Es un caso de ¿corrupción, prevaricación..., de qué? –Hay un posible delito en función de la participación de diversos actores como Hernández Cansino y habrá que averiguar si hubo beneficio ilícito por parte de la empresa o de responsables del PP.
– Y ese posible delito ¿ha ido en detrimento de la ciudadanía? –Para nosotros la gestión pública representa la solidaridad entre todos los pueblos de la provincia, una empresa piensa en su propio beneficio, no en la justicia social, que queda debilitada.
–¿Ha trabajado Cansino para Dios y para el Diablo? –Hay evidencias de que ha recibido dinero tanto de la empresa como de los Ayuntamientos que luego han privatizado el servicio beneficiando a esa empresa, y eso no es ni ético ni lícito.
–Y ¿es mucha casualidad que todos los contratos se los llevase Aqualia? –Hay que averiguar si los pliegos de condiciones para la prestación del servicio son legales, o se hizo un traje a medida para la empresa.
–¿Tiene sentido el pacto por el agua después de todo esto? –El pacto ya lo rompió el PP en el momento en el que comenzó las privatizaciones allá donde gobernaba y haciendo campaña contra Giahsa donde no lo hacía y lo raro es que el PSOE no haya actuado contra esto.
– ¿Cómo es posible que el PP haya dinamitado un órgano gobernado por el PSOE? –Por la torpeza en la gestión del PSOE que no ha reaccionado a tiempo. En cuanto se llevó a cabo la primera privatización se debió expulsar a sus miembros del consejo de administración. ElPP era una parte privilegiada teniendo acceso a la gestión de la empresa desde dentro y privatizando desde fuera.
– ¿Qué consecuencias podría tener todo esto? –Habría que pedir la nulidad de los contratos con Aqualia de manera cautelar en cuanto se abra la investigación, y que vuelvan al seno de Giahsa, y de la misma manera, que la propia mancomunidad frene su propio proceso de privatización en tanto todo esto se aclara. H
Toda una trama de tratos de favor y concesiones bajo sospecha pueden estallar en la cara de un Partido Popular acuciado por los escándalos y la corrupción. Un informe elaborado por el catedrático de Derecho Administrativo y exletrado del Tribunal Constitucional, Javier Barnes, destapa toda una "operación ilegal" diseñada ex profeso por el Partido Popular en la provincia de Huelva, para desarbolar la Mancomunidad de Aguas y Servicios (MAS)y servir a los intereses a una única empresa, Aqualia, la que finalmente ha recogido el fruto de la cascada de privatizaciones del servicio de agua en la provincia, llevadas a cabo por municipios gobernados por el Partido Popular, ya sea directamente, o en coalición con partidos independientes. El escándalo destapado por el diario El País pone especialmente a un popular en la 'picota', José Carlos Hernández Cansino, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Punta Umbría y ex alcalde de este municipio. Cansino, aún perteneciendo al Partido Popular, firmó un contrato con la empresa Aqualia para realizar tareas de asesoramiento precisamente en los diversos procesos de privatización que se llevaban a cabo en la provincia. Al mismo tiempo, como abogado, Cansino trabajaba para varios de los Ayuntamientos que finalmente dejaron la Mancomunidad de Aguas, recibiendo dinero de ambas partes en el proceso. En el contrato entre Hernández Cansino y Aqualia, al que ha tenido acceso este periódico, se especifica una retribución mensual al edil puntaumbrieño de 1.850 euros. Del mismo modo, se conocen facturas a favor de Hernández Cansino, al menos en los municipios de Bollullos y de Moguer aunque se investiga su posible relación con otros ayuntamientos que terminaron por privatizar el agua en la provincia. En el caso de Bollullos, se conocen más de una treintena de facturas en favor de Hernández Cansino que, en muchas ocasiones superan los 2.000 euros de importe. Pese a la intención de crear un servicio conjunto para toda la provincia de Huelva para los servicios de suministro de agua y recogida de basura a través de la MAS, muchos pueblos con gobiernos del PP (Lepe, Moguer, Valverde, Bollullos, Cartaya o San Juan del Puerto) decidieron dar la espalda a este proyecto pese al compromiso firmado por los responsables del partido de propiciar la gestión común del servicio en el llamado 'Pacto por el agua' que ahora queda dinamitado. Ilegalidades // además de la, cuanto menos, sorprendente relación de Hernández Cansino como 'agente doble' en los casos de privatización, el informe revela "el derecho de separación (de la MAS) carece de justificación objetiva en todos los casos" y que está montado sobre "un triple error jurídico". Además, el profesor Barnes asevera que "puede hablarse de culpa o negligencias graves" además de utilizar otros términos contra los alcaldes populares como los de "mala fe". "desviación de poder" y "uso abusivo de las competencias". El informe se fija especialmente en los procedimientos de urgencia que utilizó el PP para llevar a cabo las privatizaciones. H
Fuentes de los dos comentarios ,El Periodico de Huelva.
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