Como ya es bien sabido, gran parte de las viviendas construidas recientemente en España no se ha dedicado a uso residencial sino especulativo y ahora es ya muy difícil, por no decir que imposible, hacer justicia y ser eficientes en materia de vivienda sin poner en uso el parque sobrante, pues seguir construyendo, como quieren algunos irresponsables, es materialmente insostenible. Y sería lógico que cuando se propone limitar el derecho a la propiedad se tengan diferencias y que políticas como las que intenta llevar a cabo la Junta de Andalucía con el decreto de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda generen discusión. No solo sobre su mayor o menor correspondencia con los principios morales o criterios ideológicos de cada persona en particular sino sobre su viabilidad y eficacia en sociedades y economías complejas como la nuestra.
Pero mientras que ese debate y la crítica constructiva son siempre positivos y enriquecedores, la reacción de los dirigentes del Partido Popular y de los periodistas y medios que suelen jalear sus posiciones políticas es francamente visceral y preocupante.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha vinculado la medida a “los comunistas que creen que ha llegado la hora de acabar con la propiedad privada”, algún periódico ha escrito que “Andalucía decreta que tener un piso es antisocial”, otros hablan de “asalto” y “clara violación” de la propiedad privada, mientras que algún comentarista se refiere al decreto como “ucase expropiatorio” de la República Soviética y Bolivariana de Andalucía. Otros comparan a nuestra comunidad con Cuba e incluso un diario aprovecha la ocasión para difamar a Izquierda Unida vinculándola con ETA.
Pero en todo ese jaleo resulta especialmente sorprendente que el ataque a las medidas del Gobierno andaluz haya sido tan feroz y despiadado en medios que diariamente se declaran valedores de la fe católica y firmes defensores de la doctrina de la Iglesia. O que no se hayan defendido por su jerarquía. Es sorprendente porque la supeditación de la propiedad privada al interés social, que es lo que propone la Junta de Andalucía, forma parte de la doctrina que han defendido los últimos papas. “La propiedad privada no constituye para nadie un derecho incondicional y absoluto. No hay ninguna razón para reservarse en uso exclusivo lo que supera a la propia necesidad, cuando a los demás les falta lo necesario”, se dice en la encíclica Populorum Progressio. También la constitución Gaudium et Spes fue rotunda al defender “el reparto de las propiedades insuficientemente cultivadas a favor de quienes sean capaces de hacerlas valer”, y cabe recordar que la campaña “Ni casa sin personas ni personas sin casa” es de Cáritas.
Por muy discutible que pueda ser, el decreto de la Junta es innovador y puede ser eficaz si se desarrolla con acierto. Y sobre su legalidad no hay que temer. Nuestra Constitución permite que el derecho a la propiedad privada se limite por razones de utilidad pública o interés social, y los tribunales impedirían que se aplicase si fuese contraria a ella o a otras leyes.
Lo que hay que hacer es debatir con argumentos si la medida resuelve un problema grave, si contribuye a la equidad y si es viable y eficiente, y no responderle, como el PP y su entorno, con apriorismos e incluso con insultos personales. Quien hace política sin razonamiento ni sosiego solo siembra barbarie.
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